| Résumé: | Hasta fines de los años sesenta, la llamativa estabilidad del sistema político mexicano, y como componente fundamental del mismo gobierno y las formas de gestión de la ciudad de México, se sustentaron en un conjunto de condiciones que posibilitaron una peculiar combinación de autoritarismo y legitimidad. Entre dichas condiciones, deben destacarse: la movilidad social tanto efectiva como imaginada, y en mayor medida vertical que horizontal; la fragmentación de las demandas y reivindicaciones sociales -y con ello de los propios sujetos sociales-; la vigencia de solidaridades interclasistas y la institucionalización de formas corporativas de representación y participación política; y, en conjunto, una relación estado-sociedad, en la cual el autoritarismo era compensado con la permeabilidad gubernamental a las demandas sociales de los de abajo y el rendimiento material del orden imperante (crecimiento económico, obras públicas, subsidios), autoritarismo aceptado por una sociedad para la cual ese orden y sus beneficios resultaba, por razones históricas cuya complejidad no podemos abordar aquí, más importante que la participación y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
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