| Sumario: | La convergencia de dos dinámicas perceptibles a la acción de los agentes públicos en relación con el sector formal de la vivienda social. La primera, la llamada política de vivienda que en teoría se dirige a favorecer a la población con mayores necesidades en materia habitacional, a la que se orienta a convertirse en demanda solvente mediante la asignación de subsidios de vivienda (nacional y complementarios). La segunda, atiende las exigencias de los agentes privados inmobiliarios permitiéndoles operar libremente en el mercado de la vivienda, flexibilizando y rebajando los requerimientos de costes del objeto producido a través de los mecanismos establecidos de regulación. Se podría suponer que, en este sentido, la acción pública favorece los intereses del promotor inmobiliario, con lo cual este reduce los costos finales de la vivienda que produce como VIS o VIP, obteniendo una mayor rentabilidad. Sin embargo, las dimensiones actuales de la problemática de la vivienda social evidencian que a pesar del acceso a los subsidios, este mecanismo por sí solo no soluciona el problema. Aún si todos los colombianos demandantes tuvieran subsidios, el problema sería que no habría una oferta suficiente ni adecuada. Aquí es preciso hacer un paréntesis para recalcar que existen profundas diferencias entre una vivienda y una "solución habitacional" sea de VIS o VIP
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