| Résumé: | Nosotros, los gobiernos locales, somos los servidores públicos más sensibles a las necesidades cotidianas de nuestra ciudadanía. En el mundo contemporáneo, la falta de financiación nacional y estatal, la desregulación del mercado, el poder creciente de las compañías multinacionales, así como la creciente competencia sobre una oferta inmobiliaria escasa, suponen a menudo una pesada carga para nuestros barrios, causando serias distorsiones en su tejido social y poniendo en riesgo el objetivo de lograr unas ciudades igualitarias, inclusivas y justas. Nosotros, los gobiernos locales, creemos firmemente que todas las personas deberían tener un acceso efectivo a una «vivienda adecuada», entendida por las Naciones Unidas como aquella que cumple correctamente criterios de «asequibilidad», «seguridad de la tenencia», «habitabilidad», «disponibilidad de servicios, materiales, equipamientos e infraestructuras», «accesibilidad», «ubicación» y «adecuación cultural». Sin embargo, la especulación inmobiliaria, la vivienda de alto coste, una regulación inadecuada, la segregación socio-espacial, la inseguridad de la tenencia, la vivienda en condiciones precarias, el sinhogarismo, la dispersión urbana descontrolada o los crecimientos informales sin los equipamientos o las infraestructuras necesarias representan fenómenos al alza que ponen en peligro el carácter equitativo y sostenible de nuestras ciudades. |
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