| Abstract: | En la década de 1860, el ingeniero Idelfonso Cerdá ya se refería al evidente desequilibrio que producía el desarrollo urbano cuando la ciudad y los presupuestos públicos asumían los costos de la urbanización. En el Plan de Ensanche para Barcelona manifestaba algo evidente y por todos sabido, esto es, que los proyectos de urbanización son una fuente de riqueza y que los principales beneficiarios son los propietarios. Por lo cual, consideraba justo que fueran estos últimos quienes cargaran con los costos de implantación de las vías. América Latina es, actualmente, una de las regiones más urbanizadas del mundo. Cerca del 80% de la población en la región y en Colombia, reside en áreas urbanas (UN-HÁBITAT, 2012). El desarrollo urbano genera riqueza a partir de la creación de amplias fuentes de valorización del suelo derivadas de los esfuerzos sociales y de las intervenciones públicas con obras y potenciales urbanísticos. Sin embargo, es un hecho notorio que muchos de los latinoamericanos sufren las consecuencias de la precariedad, sin acceso a elementos tan básicos como el agua entubada o una escuela primaria y sujetos a riesgos y vulnerabilidad ambiental y social. Así mismo, las áreas formales, desarrolladas de conformidad con las reglas existentes, suelen acumular importantes déficits urbanos que no son atendidos por falta de recursos para ello. De esta forma, las ciudades reflejan importantes desequilibrios urbanos, ambientales y sociales vinculados a la poca capacidad de financiamiento público. Mientras tanto, de forma paradójica, los enormes recursos derivados del propio desarrollo urbano son transferidos de forma injusta para pocos actores privados que se benefician del mismo, en especial para dos actores privados: desarrolladores inmobiliarios y propietarios de terrenos. |
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