Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012 rumbo a una nueva transición urbana (ONU-Hábitat, 2012)
El informe reúne por primera vez estadísticas e información completa sobre el proceso de urbanización y los diferentes aspectos que determinan la calidad de vida en sus áreas urbanas.La transición urbana en la región se ha caracterizado por su velocidad. Si bien ha supuesto mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida para amplios sectores de población, ha tenido un alto costo social, económico y ambiental.La publicación apunta algunos de los desafíos que tienen por delante las áreas urbanas y posibles respuestas para afrontarlos teniendo en cuenta la heterogeneidad regional. Los datos estadísticos e informaciones recabados por el informe muestran que:• América Latina y el Caribe reúne casi un 80% de su población (468 millones de personas) en áreas urbanas y, de este porcentaje, la mitad reside en ciudades de menos de 500.000 habitantes.• Tras décadas de crecimiento continuo, las tasas de población urbana tienden a la estabilidad. El crecimiento urbano ha dado lugar a nuevos conglomerados, como las áreas metropolitanas o las megarregiones urbanas, que aglutinan múltiples municipios y ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo, pero también requieren sistemas de gobierno innovadores y coordinados.• Más de dos tercios de la riqueza de la región procede de las ciudades. Además, ha aumentado el potencial y la participación económica de centros urbanos secundarios.• Pese a la disminución de las tasas de pobreza en la región, una de cada cuatro personas en áreas urbanas es pobre y los índices de desigualdad de la región se sitúan entre los más altos del mundo. Las ciudades de la región son ciudades divididas social y físicamente. Esa división se manifiesta en la desigualdad de ingreso y la segregación entre la ciudad formal y la informal.• Existe un déficit acumulado de viviendas con estándares mínimos para ser habitadas y más de 111 millones de personas todavía viven en tugurios (el 24% de la población urbana). La región ha logrado mejoras en el acceso a agua y saneamiento, pero aún necesita avanzar para cumplir el compromiso de universalizar ambos servicios y garantizar su asequibilidad, frecuencia y calidad.• La escasa planificación y las debilidades de las políticas urbanas han tenido como consecuencia la expansión de las ciudades siguiendo un modelo poco sostenible, con ausencia de espacios públicos accesibles para todos, que privilegia el automóvil en detrimento del transporte en común y mantiene o refuerza la segregación social y espacial.• Las ciudades registran altos índices de violencia e inseguridad, que parecen desbordar la capacidad de respuesta de los gobiernos. Aunque la violencia no se da en todas las áreas ni es homogénea en una misma ciudad, la gravedad de sus consecuencias exige esfuerzos coordinados a todos los niveles de gobierno.• Se constatan iniciativas importantes para la protección ambiental, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención y respuesta a los desastres naturales. Sin embargo, existe poca conciencia de cómo la urbanización poco o mal planificada aumenta el riesgo a desastres.• Los países de la región han dado un impulso decisivo al proceso de democratización y descentralizado numerosas competencias, pero muchos municipios son incapaces de autofinanciarse y carecen de los recursos humanos, institucionales y económicos para su buen gobierno.El informe señala que, después de décadas en que los gobiernos parecían incapaces de responder a las demandas del crecimiento urbano acelerado, se anuncia una nueva transición en la que el desafío será, no tanto responder a las necesidades en términos de cantidad, sino con mayor calidad, equidad y sostenibilidad.Existe abundante conocimiento y experiencia en la región para impulsar políticas urbanas orientadas al desarrollo económico y la inclusión social. Para avanzar en esa dirección, es preciso invertir más esfuerzos en el monitoreo de las ciudades y adaptar los mecanismos de planificación, gestión y gobierno a las nuevas realidades del desarrollo urbano.En un contexto de restricciones económicas y limitación de recursos, la publicación subraya la importancia de la gestión del suelo y el aprovechamiento por los poderes públicos (o municipales) de las plusvalías urbanas para invertir en infraestructuras y servicios. Asimismo, recomienda el fortalecimiento de los mecanismos que permiten orientar los mercados inmobiliarios en defensa del interés colectivo.